El riesgo de exclusión social es cada día mayor en nuestro país. El aumento del desempleo ha provocado un número creciente de hogares que no tienen ningún tipo de ingresos. A este proceso hay que añadir la reducción y el agotamiento de las ayudas de protección social (como la prestación por desempleo o las rentas mínimas de inserción). Efectivamente, a día de hoy, los hogares españoles con todos sus miembros en paro son 1.737.600. Ya hay un millón y medio de parados que no cobran prestación. Y hay más de 300 desahucios diarios.
La Encuesta de Condiciones de Vida (INE 2011) señala que un 21,8% de la población en España vive por debajo del umbral de pobreza y que el 26,1% de los hogares manifiesta llegar a fin de mes con dificultad o mucha dificultad. El número de personas atendidas por Cáritas supera ya el millón, multiplicándose por tres esta cifra desde 2007. Se estima que 3.200.000 familias necesitan de organizaciones humanitarias como apoyo a su alimentación. Unicef ha denunciado que más de 2 millones de niños viven en España por debajo del umbral de la pobreza, lo que afecta seriamente tanto a su alimentación, como al rendimiento escolar de los menores. La infancia se ha convertido en el grupo más afectado por la pobreza en nuestro país.
Sin duda, la crisis y los recortes están afectando gravemente a la cohesión social. La pobreza se extiende alcanzando a clases medias súbitamente empobrecidas; se intensifica porque no sólo hay más pobres, sino que estos tienen menos que antes. Y lo peor es que se está haciendo crónica, es decir, que no se consigue revertir esta situación.
A pesar de esta dramática situación, el PP no sólo no ha sido capaz de articular una respuesta, sino todo lo contrario, desde el mismo momento en el que tomaron posesión, el Gobierno de Rajoy ha puesto en marcha una política descontrolada de recortes y ajustes que está provocando el desmantelamiento de los servicios públicos básicos, agravando aún más la situación de muchos ciudadanos y ciudadanas.
Es más, todas las medidas adoptadas por el Gobierno del PP se han dirigido a satisfacer las necesidades de los mercados y de las entidades financieras, mientras que los españoles han asistido impotentes a recortes de derechos y a soportar los efectos negativos de esta crisis.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 son una vuelta de tuerca más en este proceso de reducción del gasto social y consiguiente desmantelamiento del Estado de Bienestar que está llevando a cabo el Gobierno Rajoy desde su primer Consejo de Ministros.
Todas las partidas sufren nuevos recortes, que se suman a los ya impuestos en los PGE de 2012 y al recorte de 10.000 millones de euros en educación y sanidad. Menos becas, más copago y el colapso del sistema de dependencia.
Pero donde más dramático es el recorte es en la red básica de servicios sociales que se ha visto reducida a 30 millones de euros, lo que supone una merma del 40% respecto a 2012 (entonces se destinaron alrededor de 50 millones), pero que si la comparamos con el último presupuesto del gobierno socialista es aún mayor, del 65%, ya que ese año el Plan Concertado estaba dotado con 86 millones de euros.
Lo más grave es que este recorte se produce en un momento en el que el número de personas que necesitan ayuda de emergencia en España crece. Diversos informes, de la Red Europea contra la Pobreza, Cáritas y otras entidades del Tercer Sector, nos advierten de que cada vez hay más españoles que ya no alcanzan a pagar el recibo de la luz, del agua; ciudadanos y ciudadanas que han perdido la prestación por desempleo y necesitan ayuda para alimentos, ropa, para pagar el comedor y el material escolar.
Los socialistas creemos que es justamente en los momentos de crisis económica cuando más necesario se hace fortalecer el sistema de protección social. Es más, el alcance y profundidad de la crisis económica que estamos viviendo exige nuevas respuestas y nuestra obligación es ofrecer soluciones que puedan contribuir de manera inmediata a evitar que la fractura social sea cada día mayor.
Por ello, proponemos la creación de un Fondo Estatal de Emergencia para las Familias en situación de pobreza y exclusión social con una dotación total para 2013 de 1.000 millones de euros, que permita:
• Dotar a los ayuntamientos de nuevos fondos (400 millones de euros) para reforzar los servicios sociales básicos, multiplicando por más de 4 el Plan Concertado que tenían los Ayuntamientos y que el PSOE dejó en 86 M€, en lugar de reducirlo a 30 M€ para 2013.
• Duplicar los recursos destinados al Tercer Sector, a través de una convocatoria extraordinaria de subvenciones (200 millones de euros) para el fortalecimiento de políticas de inclusión social.
• Complementar (400 millones de euros), de acuerdo con las Comunidades Autónomas, los recursos que éstas destinan a las rentas mínimas garantizadas, lo que permitiría ampliar el número de beneficiarios en más de 83.000 personas.
Con este Fondo se beneficiarían más de 500.000 familias y supondría la creación y/o mantenimiento de 30.000 empleos en los servicios sociales.
Proponemos ampliar los recursos que se destinan a subvencionar actividades de interés social del 0,7 al 1% del IRPF para los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en ese sentido.
Proponemos apoyar el mantenimiento del programa europeo de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, reforzar la financiación pública destinada a los Bancos de Alimentos y promover un gran acuerdo para garantizar un aprovechamiento eficiente de los alimentos evitando su destrucción sistemática.
Proponemos evitar los desahucios mediante la renegociación de las condiciones del préstamo, tal y como hacen las empresas, para buscar mejores condiciones y que eso les permita a muchos afectados por este drama mantener su vivienda.
Y queremos hacer esta reivindicación precisamente en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, con el propósito de generar una mayor conciencia política y ciudadana en torno a la necesidad de afrontar las causas de la pobreza y de la exclusión en todos los países, y en particular, en los países en desarrollo.
En todo el mundo, alrededor de 1.300 millones de personas viven en la pobreza extrema y casi 1.000 millones pasan hambre y no tienen acceso al agua potable y otros servicios básicos como la salud y la educación.
A pesar de ello, el presupuesto de ayuda al desarrollo ha caído en España un 70% desde 2011, alejando a nuestro país de los compromisos para alcanzar el 0,7%. La ayuda humanitaria ha desaparecido prácticamente del presupuesto público en un momento en que los conflictos, el cambio climático y la subida de precios de los alimentos están incrementando las hambrunas, especialmente en África y países de América Latina.
Se confirma así, a partir de estos sistemáticos recortes del Gobierno de Rajoy, la práctica desaparición de esta política pública, seña de identidad de nuestra acción exterior, debilitando nuestra imagen, credibilidad e influencia en el mundo.
Por todo ello, el Partido Socialista quiere sumarse también a las voces de la Alianza contra la Pobreza en España (plataforma que reúne a ONGD y diversos movimientos y plataformas sociales) que convoca concentraciones con motivo de este día 17 de octubre en protesta por una política de recortes que empobrece aún más a la población tanto dentro como fuera de nuestro país.
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