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| Paula Sánchez de León, delegada del Gobierno en Valencia |
La Delegada del Gobierno en Valencia no ha cumplido con su obligación de velar por el orden durante los últimos días y ha justificado y consentido la agresión a menores de edad.
Los estudiantes de varios institutos públicos valencianos llevan semanas sin calefacción en sus aulas, simple y llanamente porque la Administración dice que no hay dinero para pagarla.
Frente a esta situación, los chavales han salido a las calles para reclamar soluciones. Quieren estar en clase sin morirse de frío. Pero las autoridades, lejos de ser comprensivas con las demandas de los estudiantes, han lanzado a decenas de policías nacionales para reprimir estas protestas con la excusa de que las mismas no estaban autorizadas.
De repente los adolescentes se han encontrado frente a un ejército de antidisturbios que no dudan en emplear porras, patadas y empujones para disolverlos. Bajo las órdenes de la Delegada del Gobierno, la policía ha convertido el centro de Valencia en un campo de batalla solo para evitar que unos estudiantes cortasen durante 10 minutos la calle.
Las Fuerzas de Seguridad del Estado deben tener como máxima prioridad proteger la integridad de los ciudadanos. Y más aún en el caso de menores de edad, los cuales, con independencia de la legitimidad de sus reivindicaciones,deben ser tratados siempre de forma proporcional y respetuosa.
La responsable última de esta actuación de las fuerzas del orden es la Delegada del Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León. Un grupo de personas preocupadas por la situación ha creado una petición, en solidaridad con los estudiantes, para exigir al Ministro de Administraciones Públicas que destituya de inmediato a esta persona.
