Lunes, 30 de julio. Reunión del Consejo Nacional de Administración Local, presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Muchos temas, pero uno de especial sensibilidad para los alcaldes presentes: el anteproyecto de la ley que reformará la Administración Local, una norma que, según temen muchos regidores, les restará competencias en favor de las diputaciones provinciales. Para su sorpresa, sin embargo, el asunto desaparece del orden del día; se pospone hasta nueva orden. El aplazamiento refleja la toma de conciencia del Gobierno de Mariano Rajoy de que su plan para los Ayuntamientos puede provocar una auténtica rebelión, según le han transmitido discretamente numerosos alcaldes del PP.
Aunque son varios los asuntos de los que discrepan, destaca entre ellos la capacidad que el Ejecutivo quiere dar a las diputaciones para que se hagan cargo de servicios municipales en las localidades de menos de 20.000 habitantes (el 95% de los 8.116 municipios españoles). Algunos alcaldes lo consideran una verdadera “intervención” de esos Ayuntamientos.
El plan del Gobierno promete un ahorro de 3.500 millones, pero Zarrías ve detrás de eso “el desmantelamiento de los servicios públicos”: las diputaciones, subraya, no son órganos para “prestar servicios”, por lo que al final serán empresas privadas las que se hagan cargo de gestionarlos.Los ediles consultados abominan de casi todo el texto. A algunos el modelo les parece “preconstitucional” porque cercena de manera “arbitraria” la autonomía municipal alegando criterios de “eficiencia económica”. “Solo falta que los gobernadores civiles nombren a los alcaldes”, ironiza el titular de política municipal del PSOE, Gaspar Zarrías. “Vamos a oponernos a esa intervención encubierta de miles de Ayuntamientos que quedarían como meras oficinas administrativas”, avisa.
El Gobierno anunció también hace tres semanas la modificación de la ley electoral para recortar gastos, reduciendo en casi un tercio el número de concejales en España: de los 68.578 actuales se pasaría a 47.240, con un límite máximo de 35 ediles. Una medida que entraría en vigor en las próximas elecciones municipales y que tampoco ha caído precisamente bien entre concejales y alcaldes.
