MANIFIESTO CONSTITUCIONAL
34 Aniversario Constitución Española
6 de diciembre de 2012
Hace treinta y cuatro años, tras cuatro décadas privados de libertad, los españoles construimos el marco para la convivencia por el que habían trabajado varias generaciones de demócratas: La Constitución de 1978. Una Constitución que garantiza los derechos y libertades de todos los ciudadanos, y que ha sido fundamental para el desarrollo integral de España.
Una Constitución abierta, capaz de incluir a todos, de amparar las distintas concepciones ideológicas y de permitir una efectiva alternancia de gobiernos de distinto signo. Una Constitución aprobada por un amplio consenso, que fue concebida como obra de todos y para todos, que todos debemos defender, y cuya paternidad nadie puede arrogarse en exclusiva.
Los españoles debemos sentirnos orgullosos del camino recorrido desde entonces. En estos momentos tan difíciles, también para las instituciones, el proceso de elaboración y discusión del texto constitucional es un excelente recordatorio de que cuando trabajamos unidos en torno a unas metas compartidas somos capaces de superar grandes dificultades.
Vivimos un momento de crisis económica global, que en nuestro país es especialmente intensa; una crisis que ha traído desempleo y precariedad para millones de trabajadores y trabajadoras, y enormes dificultades para sus familias. En este contexto, se están produciendo cambios sustanciales en el Estado del bienestar, que durante estos años en democracia ha garantizado la cohesión social, la convivencia y el éxito económico de nuestro país. La Constitución sigue siendo un referente que debe contribuir a dar respuestas contundentes para impulsar soluciones diferentes a las que se están adoptando; respuestas que deben superar los dogmatismos económicos y los dictados del capitalismo especulativo.
El carácter democrático del Estado de Derecho, consagrado en el Artículo Primero de la Constitución, exige de los poderes públicos que intervengan para corregir desigualdades y conseguir la igualdad real entre los hombres y mujeres, así como que defiendan los valores de libertad, justicia y pluralismo político, y la dignidad de la persona como el fundamento del sistema.
La Constitución concibe la Justicia como un poder del Estado, y la configura como un derecho y como un servicio público de carácter prestacional dirigido a la protección de los derechos y de los intereses legítimos de la ciudadanía. Por ello, los socialistas renovamos nuestro compromiso con una justicia propia del siglo XXI: una justicia eficaz, ágil y próxima al ciudadano. Un compromiso que choca con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, que suponen un serio obstáculo para el acceso de los ciudadanos a la justicia en
Una Constitución abierta, capaz de incluir a todos, de amparar las distintas concepciones ideológicas y de permitir una efectiva alternancia de gobiernos de distinto signo. Una Constitución aprobada por un amplio consenso, que fue concebida como obra de todos y para todos, que todos debemos defender, y cuya paternidad nadie puede arrogarse en exclusiva.
Los españoles debemos sentirnos orgullosos del camino recorrido desde entonces. En estos momentos tan difíciles, también para las instituciones, el proceso de elaboración y discusión del texto constitucional es un excelente recordatorio de que cuando trabajamos unidos en torno a unas metas compartidas somos capaces de superar grandes dificultades.
Vivimos un momento de crisis económica global, que en nuestro país es especialmente intensa; una crisis que ha traído desempleo y precariedad para millones de trabajadores y trabajadoras, y enormes dificultades para sus familias. En este contexto, se están produciendo cambios sustanciales en el Estado del bienestar, que durante estos años en democracia ha garantizado la cohesión social, la convivencia y el éxito económico de nuestro país. La Constitución sigue siendo un referente que debe contribuir a dar respuestas contundentes para impulsar soluciones diferentes a las que se están adoptando; respuestas que deben superar los dogmatismos económicos y los dictados del capitalismo especulativo.
El carácter democrático del Estado de Derecho, consagrado en el Artículo Primero de la Constitución, exige de los poderes públicos que intervengan para corregir desigualdades y conseguir la igualdad real entre los hombres y mujeres, así como que defiendan los valores de libertad, justicia y pluralismo político, y la dignidad de la persona como el fundamento del sistema.
La Constitución concibe la Justicia como un poder del Estado, y la configura como un derecho y como un servicio público de carácter prestacional dirigido a la protección de los derechos y de los intereses legítimos de la ciudadanía. Por ello, los socialistas renovamos nuestro compromiso con una justicia propia del siglo XXI: una justicia eficaz, ágil y próxima al ciudadano. Un compromiso que choca con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno, que suponen un serio obstáculo para el acceso de los ciudadanos a la justicia en
condiciones de igualdad.
Como norma de nuestro tiempo, los preceptos de libertad de conciencia, ideológica o religiosa, la laicidad o la aconfesionalidad del Estado, están garantizados por la Constitución y como tales deben ser respetados de modo efectivo por cualquier Gobierno, con independencia de la ideología propia del Partido que lo sustente.
Como norma de nuestro tiempo, los preceptos de libertad de conciencia, ideológica o religiosa, la laicidad o la aconfesionalidad del Estado, están garantizados por la Constitución y como tales deben ser respetados de modo efectivo por cualquier Gobierno, con independencia de la ideología propia del Partido que lo sustente.
Asimismo, la Constitución contiene el marco normativo del estado Social, comprometido con el acceso de los ciudadanos a unas condiciones de vida dignas, a través de la educación, la salud, el trabajo y la vivienda, para garantizar la cohesión y la equidad.
Frente al fracaso de las políticas económicas que la crisis global ha puesto de manifiesto, los socialistas consideramos que la dimensión social que define nuestra Constitución legitima la intervención de los poderes públicos, la regulación y la supervisión pública en base al interés social que no debe disociarse de la dignidad humana. Nuestra Constitución proclama “el derecho y el deber al trabajo” y que, “los poderes públicos de manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo” y sitúan al empleo como prioridad. Por ello la creación de empleo y la lucha contra el paro son nuestro compromiso y nuestra prioridad, y un imperativo constitucional.
Nuestra Constitución afirma que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación”, “siendo la enseñanza básica obligatoria y gratuita” y dispone que “los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general”. Los socialistas creemos básico el fortalecimiento de la enseñanza pública, la mejora de la cohesión y la calidad del sistema.
Nuestra Constitución establece “el derecho a la vivienda y la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” y reconoce “el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado” con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Nuestra Constitución reconoce “el derecho a la protección de la salud” y a “mantener un régimen de seguridad social para todos los ciudadanos que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”. En el marco de nuestra Constitución se ha desarrollado un Estado autonómico que es la base del bienestar de nuestro país, y la clave de la reducción de las enormes desiguales que existieron en el pasado entre las diferentes regiones españolas. El modelo autonómico ha ido avanzando y desarrollándose, adaptándose a los tiempos, mejorando su funcionamiento y progresando a través de las diferentes reformas estatutarias.
Ahora ha llegado el momento de que el principal marco regulador de ese Estado autonómico evolucione. Por eso, para avanzar en el autogobierno de las actuales Comunidades Autónomas, los socialistas queremos mejorar la Constitución. Necesitamos crear, ahora más que nunca, un nuevo marco jurídico en el que todos los integrantes del Estado se sientan cómodos y reconocidos en sus especificidades. Para ello, consideramos que es fundamental abrir un amplio proceso de diálogo, que debe estar presidido por los mismos valores de
Frente al fracaso de las políticas económicas que la crisis global ha puesto de manifiesto, los socialistas consideramos que la dimensión social que define nuestra Constitución legitima la intervención de los poderes públicos, la regulación y la supervisión pública en base al interés social que no debe disociarse de la dignidad humana. Nuestra Constitución proclama “el derecho y el deber al trabajo” y que, “los poderes públicos de manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo” y sitúan al empleo como prioridad. Por ello la creación de empleo y la lucha contra el paro son nuestro compromiso y nuestra prioridad, y un imperativo constitucional.
Nuestra Constitución afirma que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación”, “siendo la enseñanza básica obligatoria y gratuita” y dispone que “los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general”. Los socialistas creemos básico el fortalecimiento de la enseñanza pública, la mejora de la cohesión y la calidad del sistema.
Nuestra Constitución establece “el derecho a la vivienda y la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” y reconoce “el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado” con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Nuestra Constitución reconoce “el derecho a la protección de la salud” y a “mantener un régimen de seguridad social para todos los ciudadanos que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”. En el marco de nuestra Constitución se ha desarrollado un Estado autonómico que es la base del bienestar de nuestro país, y la clave de la reducción de las enormes desiguales que existieron en el pasado entre las diferentes regiones españolas. El modelo autonómico ha ido avanzando y desarrollándose, adaptándose a los tiempos, mejorando su funcionamiento y progresando a través de las diferentes reformas estatutarias.
Ahora ha llegado el momento de que el principal marco regulador de ese Estado autonómico evolucione. Por eso, para avanzar en el autogobierno de las actuales Comunidades Autónomas, los socialistas queremos mejorar la Constitución. Necesitamos crear, ahora más que nunca, un nuevo marco jurídico en el que todos los integrantes del Estado se sientan cómodos y reconocidos en sus especificidades. Para ello, consideramos que es fundamental abrir un amplio proceso de diálogo, que debe estar presidido por los mismos valores de
responsabilidad, generosidad y lealtad que inspiraron la Transición.
Felicitémonos hoy por los treinta y cuatro años de convivencia en paz, libertad y democracia que, amparados bajo el paraguas de la Constitución de 1978, hemos disfrutado los españoles; y construyamos, más pronto que tarde, una Europa unida, fuerte y cohesionada en lo político y económico. Una Europa que vele con decisión por los intereses de los Estados miembro y de sus ciudadanos. Una ciudadanía europea que tenga como cimientos todo lo que nos une, y donde nuestros jóvenes sean protagonistas del presente y del futuro.
El PSOE aborda este momento con energía renovada para superar la grave situación que vive España, decidido a afrontar los desafíos desde el espíritu de diálogo y consenso con que fue posible elaborar, hace treinta y cuatro años nuestra Constitución. Invitamos por ello al resto de fuerzas políticas, a las instituciones y a los agentes económicos y sociales al diálogo, al acuerdo y al pacto para defender el Estado del Bienestar, impulsar el crecimiento económico y el futuro de España.
Felicitémonos hoy por los treinta y cuatro años de convivencia en paz, libertad y democracia que, amparados bajo el paraguas de la Constitución de 1978, hemos disfrutado los españoles; y construyamos, más pronto que tarde, una Europa unida, fuerte y cohesionada en lo político y económico. Una Europa que vele con decisión por los intereses de los Estados miembro y de sus ciudadanos. Una ciudadanía europea que tenga como cimientos todo lo que nos une, y donde nuestros jóvenes sean protagonistas del presente y del futuro.
El PSOE aborda este momento con energía renovada para superar la grave situación que vive España, decidido a afrontar los desafíos desde el espíritu de diálogo y consenso con que fue posible elaborar, hace treinta y cuatro años nuestra Constitución. Invitamos por ello al resto de fuerzas políticas, a las instituciones y a los agentes económicos y sociales al diálogo, al acuerdo y al pacto para defender el Estado del Bienestar, impulsar el crecimiento económico y el futuro de España.
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