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| En la imagen, la Alcaldesa de Isla Cristina, María Luisa Faneca con la Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés. |
La Junta de Andalucía evita más de 120
desahucios en Huelva en seis meses gracias a este programa.
La oficina del Programa
Andaluz en Defensa de la Vivienda en Huelva ha evitado 126 desahucios desde su
apertura, a principios de octubre, lo que pone de manifiesto que esta
iniciativa creada por la Consejería de Fomento y Vivienda “está en el camino
adecuado y logrando el objetivo planteado, que la gente que acude a nosotros
permanezca en su vivienda”, como ha indicado la titular de este departamento de
la Junta de Andalucía, Elena Cortés, durante el encuentro con los alcaldes de
Trigueros, Villablanca, Lepe, Zalamea la Real, Moguer, Cortegana, Nerva e Isla
Cristina para firmar su adhesión a dicho Programa.
Con estos nuevos
ayuntamientos de la provincia de Huelva son ya 107 municipios andaluces quienes
han tomado la decisión de participar en este instrumento creado para asesorar,
intermediar y proteger a las familias contra los desahucios, “lo que está generando
un amplio bloque político en Andalucía, que da soporte institucional a la
creciente marea social contra esta sangría”, ha afirmado la consejera.
Elena Cortés ha explicado que el objetivo
fundamental de las oficinas es que las personas no pierdan sus casas “y lo
estamos cumpliendo”, ha incidido. Desde la apertura de la oficina en Huelva, se
han atendido 149 casos, que han dado lugar a la apertura de 126 expedientes. De
estas familias, 78 casos se han resuelto ya favorablemente y el resto, 48,
tiene expectativas favorables de resolverse. “Se trata, en todo caso, de
personas que siguen en sus viviendas”, ha puntualizado.
En el apartado de
protección, la oficina de Huelva cuenta con 22 familias, un cifra en la que
Elena Cortés se ha querido detener para subrayar que “la Consejería de Fomento
y Vivienda continúa a la espera de respuesta por parte del Gobierno sobre la petición
que le hicimos para que las viviendas del Sareb, el conocido como banco malo,
sirvan para dar respuesta a las necesidades de habitación de las personas que
no tienen casa”. “Además reclamamos al Gobierno que asigne al Programa Andaluz
en Defensa de la Vivienda los 859 inmuebles del llamado, y mal llamado, Fondo
Social de Vivienda de los bancos en Andalucía, un número ridículo en
comparación con la ingente cantidad de activos tóxicos, casas sin gente, que
calculamos que gestiona el banco malo, pero que puede servirnos para atender,
por ejemplo, a estas personas”, ha añadido. Para la consejera, estas viviendas
“han de ponerse a disposición de las familias que están viendo vulnerado su
derecho a la vivienda”.
El Programa Andaluz de
Defensa de la Vivienda atiende a las familias en función a las necesidades que
presentan, ya sea por demanda de información, negociación o protección. En la
fase de prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad con la
entidad financiera, y es solicitada por familias interesadas en informarse
sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro,
conocer detalles sobre las condiciones para evitar los desahucios que recoge el
decreto del Gobierno actualmente en tramitación o pedir asesoramiento sobre
posibles cláusulas abusivas en contratos financieros que ya han firmado o
prevén firmar.
La intermediación es el
servicio más demandado por los onubenses y está destinado a quienes ya tienen
deudas con las entidades financieras, encontrándose por tanto en riesgo de
desahucio. En este ámbito, los afectados acudieron solicitando información,
asesoramiento y negociación en relación con sus problemas hipotecarios.
Las familias que se
dirigieron a las oficinas para solicitar protección o bien tenían el desahucio
ya ordenado o bien habían perdido su vivienda habitual. En estos casos,
contacta con la entidad financiera o con los juzgados, según corresponda, para
evitar o dilatar en lo posible la ejecución. Asimismo, se les asesora para su
inscripción en el registro municipal de demandantes y se contacta con los servicios
sociales del Ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de
emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas.
Detalles
del convenio
El acuerdo firmado por la
Consejería y los ayuntamientos garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en
estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección
ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la
Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos
ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las
cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.
También se comprometen,
mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las Delegaciones
Territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios
para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15
días, la situación social y económica de las personas que solicitan los
servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de
exclusión social.
El convenio establece la
colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para
ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que
cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de
titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las Delegaciones
Territoriales de la Consejería información relativa de los registros
municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio
a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota
hipotecaria mensual.
Estos acuerdos contemplan la
constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones
que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para
realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro
años prorrogables.
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